Costa Serena en Piñones:Gobierno viola su propia política pública ambiental
CLARIDAD
Cándida Cotto
ccotto@claridadpuertorico.com
Contrario a lo señalado por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, la aprobación que varias agencias le dieron al proyecto turístico - residencial Costa Serena en el sector Piñones de Loíza, fue gestada y avalada desde su propia oficina. Desde abril del año pasado todos los jefes de agencias comenzaron a recibir presiones desde la Fortaleza, así como llamadas, y convocatoria a reuniones por parte del Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Pura, instándoles a que dieran su aval al proyecto del desarrollista Joel Katz, todo esto con la aprobación de su jefe, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
A los opositores al proyecto no les tomó por sorpresa la decisión de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proponente. Mientras Acevedo Vilá, se reunía con representantes de la comunidad de Piñones este pasado 9 de noviembre, ya el 31 de octubre la JCA había determinado que la DIA, “cumplía con la Ley de Política Pública Ambiental”. Otros medios de comunicación han revelado que el Gobernador conocía la decisión de la JCA previo a la reunión de la comunidad. También se conoce que antes del encuentro con los líderes comunales el Gobernador se había reunido varias veces con Joel Katz en la Fortaleza.
El planificador ambiental José Rivera Santana, ex director de la División de Planificación de la Compañía de Turismo (CT), reveló a Claridad que al menos desde el mes de abril de 2005 los jefes de las agencias que deben otorgar permisos o evaluar propuestas han estado recibiendo presiones desde la Mansión Ejecutiva para que favorezcan el proyecto. Debido a esas presiones, que calificó como “la aplanadora de Fortaleza”, era muy difícil que se detuviera el proyecto.
Reveló, además, que como director de Planificación de la CT a principios de este año, se negó a avalar el proyecto. Contrario a su recomendación la Ejecutiva de Turismo dio su aprobación. Posterior a esta negativa Rivera Santana fue destituido de su cargo en la agencia.
A pesar del evidente apoyo gubernamental y a pesar de que se ha querido dar la impresión de que el proyecto Costa Serena ya cuenta con todos los permisos necesarios para comenzar la construcción, ésa no es la realidad. Se supone que el próximo paso del desarrollista Katz sea someter una solicitud de consulta de ubicación ante la Junta de Planificación (JP), ya que el desarrollo supone un cambio en la zonificación del área. En esta parte del proceso la JP puede – si fuese un proceso normal sin las presiones del Ejecutivo- no aprobar el proyecto o sugerir cambios. Pero en vista de la orden de Fortaleza es muy difícil que eso suceda. Una vez Planificación apruebe la consulta de ubicación, los planos del desarrollo deberán ser sometidos a la Administración de Reglas y Permisos (ARPE) para la obtención de un permiso de construcción.
Rivera Santana denunció que con la aprobación del proyecto de Costa Serena el Gobierno ha violado todos los procedimientos de política pública ambiental relacionados con el uso de terrenos, la protección de las áreas costeras y hasta con la misma política pública de la CT de fomentar un turismo sostenible.
Otras fuentes consultadas por Claridad aseguraron que fue también la intervención de la Fortaleza por conducto de Silva Pura lo que forzó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a otorgar su aval al Proyecto pese a todos los cuestionamientos ambientales.
Por su parte, el director del Instituto de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, también denunció que la JCA abdicó su responsabilidad constitucional de proteger el ambiente, adhiriéndose a una posición legalista. El científico llamó la atención sobre una serie de cuestionamientos ambientales que la JCA dejó en suspenso o sobre los que no quiso pasar juicio, lo cual levanta la interrogante de si el Gobierno cumple o no con la política pública de proteger el ambiente.
En primer lugar, la JCA dejó en manos de la Junta de Planificación, para que lo adjudique como parte de la consulta de ubicación, si se debe ensanchar la carretera número 187 que conduce desde la playa de Isla Verde hasta Loíza. Para autorizar esta ampliación habría que enmendar el Reglamento del Área de Planificación Especial de Piñones que, de paso, ya se está violentando con la aprobación del proyecto.
Aun cuando el proyecto Costa Serena impactaría un área costera, la DIA no atiende el problema de inundaciones. Lugo explicó que el documento aprobado no especifica quién asumirá el costo de los daños en caso de que se produzcan las inundaciones que varios expertos predicen. Agregó que, para desalentar ese tipo de desarrollo, el Gobierno Federal ha advertido que no va a asumir los costos por los daños ocurridos como resultado de construcciones en zonas inundables. La JCA conoce esa política, pero tampoco señala quién va a asumir el riesgo. Por el contrario, le dice al desarrollista que construya aunque se inunde.
Otra controversia pasada por alto por la JCA es si el proyecto está o no sobre la zona marítima terrestre. Aun cuando resulta obvio tal ubicación, la DIA avalada sostiene lo contrario.
Lugo fue enfático al denunciar que la postura de la JCA era equivocada y que se le “regaló al desarrollista un patrimonio natural”, con lo que otra vez la agencia faltó a su deber de proteger la integridad de los bienes patrimoniales. “La Junta se está alineando con los planteamientos de los proyectistas”. Añadió que no es correcto el argumento del desarrollista Katz de que en la DIA no se puede analizar el levantamiento del mar en una marejada. “El Gobierno se tragó ese argumento”, afirmó. Ahora es a Recursos Naturales a quien le toca atender esa controversia.
Ante las deficiencias de la DIA sobre el aspecto de inundaciones, Lugo comentó que contrario a lo sucedido, confiaba que cuando el Gobierno- entiéndase la JCA- evaluaba el proyecto, tomaría en consideración el análisis que sobre ese tema preparó el profesor Aurelio Mercado del Recinto de Mayagüez de la UPR. Esperaba que ese estudio les “abriera los ojos” a los directivos de la JCA, pero tal cosa no sucedió. En su lugar el Gobierno dijo que ya era tarde. “Para mí eso es inverosímil”, reaccionó Lugo.
El alegado proyecto propuesto, que dista mucho de ser verdaderamente “turístico”, consta de 352 unidades de vivienda, 40 locales comerciales, 42 residencias, 880 habitaciones de hotel, un área comercial de 4,097 metros cuadrados y 1,394 espacios de estacionamiento. Al permitir su construcción se abre la puerta para otros cinco proyectos propuestos en el sector. El resultado sería que Piñones se convertiría en una zona similar a Isla Verde, aunque mucho más larga. “Puerto Rico está en una situación donde se lucha por los últimos espacios abiertos para los seres humanos”, sentenció Lugo.
Contrario a lo señalado por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, la aprobación que varias agencias le dieron al proyecto turístico - residencial Costa Serena en el sector Piñones de Loíza, fue gestada y avalada desde su propia oficina. Desde abril del año pasado todos los jefes de agencias comenzaron a recibir presiones desde la Fortaleza, así como llamadas, y convocatoria a reuniones por parte del Secretario de la Gobernación, Jorge Silva Pura, instándoles a que dieran su aval al proyecto del desarrollista Joel Katz, todo esto con la aprobación de su jefe, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
A los opositores al proyecto no les tomó por sorpresa la decisión de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proponente. Mientras Acevedo Vilá, se reunía con representantes de la comunidad de Piñones este pasado 9 de noviembre, ya el 31 de octubre la JCA había determinado que la DIA, “cumplía con la Ley de Política Pública Ambiental”. Otros medios de comunicación han revelado que el Gobernador conocía la decisión de la JCA previo a la reunión de la comunidad. También se conoce que antes del encuentro con los líderes comunales el Gobernador se había reunido varias veces con Joel Katz en la Fortaleza.
El planificador ambiental José Rivera Santana, ex director de la División de Planificación de la Compañía de Turismo (CT), reveló a Claridad que al menos desde el mes de abril de 2005 los jefes de las agencias que deben otorgar permisos o evaluar propuestas han estado recibiendo presiones desde la Mansión Ejecutiva para que favorezcan el proyecto. Debido a esas presiones, que calificó como “la aplanadora de Fortaleza”, era muy difícil que se detuviera el proyecto.
Reveló, además, que como director de Planificación de la CT a principios de este año, se negó a avalar el proyecto. Contrario a su recomendación la Ejecutiva de Turismo dio su aprobación. Posterior a esta negativa Rivera Santana fue destituido de su cargo en la agencia.
A pesar del evidente apoyo gubernamental y a pesar de que se ha querido dar la impresión de que el proyecto Costa Serena ya cuenta con todos los permisos necesarios para comenzar la construcción, ésa no es la realidad. Se supone que el próximo paso del desarrollista Katz sea someter una solicitud de consulta de ubicación ante la Junta de Planificación (JP), ya que el desarrollo supone un cambio en la zonificación del área. En esta parte del proceso la JP puede – si fuese un proceso normal sin las presiones del Ejecutivo- no aprobar el proyecto o sugerir cambios. Pero en vista de la orden de Fortaleza es muy difícil que eso suceda. Una vez Planificación apruebe la consulta de ubicación, los planos del desarrollo deberán ser sometidos a la Administración de Reglas y Permisos (ARPE) para la obtención de un permiso de construcción.
Rivera Santana denunció que con la aprobación del proyecto de Costa Serena el Gobierno ha violado todos los procedimientos de política pública ambiental relacionados con el uso de terrenos, la protección de las áreas costeras y hasta con la misma política pública de la CT de fomentar un turismo sostenible.
Otras fuentes consultadas por Claridad aseguraron que fue también la intervención de la Fortaleza por conducto de Silva Pura lo que forzó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a otorgar su aval al Proyecto pese a todos los cuestionamientos ambientales.
Por su parte, el director del Instituto de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, también denunció que la JCA abdicó su responsabilidad constitucional de proteger el ambiente, adhiriéndose a una posición legalista. El científico llamó la atención sobre una serie de cuestionamientos ambientales que la JCA dejó en suspenso o sobre los que no quiso pasar juicio, lo cual levanta la interrogante de si el Gobierno cumple o no con la política pública de proteger el ambiente.
En primer lugar, la JCA dejó en manos de la Junta de Planificación, para que lo adjudique como parte de la consulta de ubicación, si se debe ensanchar la carretera número 187 que conduce desde la playa de Isla Verde hasta Loíza. Para autorizar esta ampliación habría que enmendar el Reglamento del Área de Planificación Especial de Piñones que, de paso, ya se está violentando con la aprobación del proyecto.
Aun cuando el proyecto Costa Serena impactaría un área costera, la DIA no atiende el problema de inundaciones. Lugo explicó que el documento aprobado no especifica quién asumirá el costo de los daños en caso de que se produzcan las inundaciones que varios expertos predicen. Agregó que, para desalentar ese tipo de desarrollo, el Gobierno Federal ha advertido que no va a asumir los costos por los daños ocurridos como resultado de construcciones en zonas inundables. La JCA conoce esa política, pero tampoco señala quién va a asumir el riesgo. Por el contrario, le dice al desarrollista que construya aunque se inunde.
Otra controversia pasada por alto por la JCA es si el proyecto está o no sobre la zona marítima terrestre. Aun cuando resulta obvio tal ubicación, la DIA avalada sostiene lo contrario.
Lugo fue enfático al denunciar que la postura de la JCA era equivocada y que se le “regaló al desarrollista un patrimonio natural”, con lo que otra vez la agencia faltó a su deber de proteger la integridad de los bienes patrimoniales. “La Junta se está alineando con los planteamientos de los proyectistas”. Añadió que no es correcto el argumento del desarrollista Katz de que en la DIA no se puede analizar el levantamiento del mar en una marejada. “El Gobierno se tragó ese argumento”, afirmó. Ahora es a Recursos Naturales a quien le toca atender esa controversia.
Ante las deficiencias de la DIA sobre el aspecto de inundaciones, Lugo comentó que contrario a lo sucedido, confiaba que cuando el Gobierno- entiéndase la JCA- evaluaba el proyecto, tomaría en consideración el análisis que sobre ese tema preparó el profesor Aurelio Mercado del Recinto de Mayagüez de la UPR. Esperaba que ese estudio les “abriera los ojos” a los directivos de la JCA, pero tal cosa no sucedió. En su lugar el Gobierno dijo que ya era tarde. “Para mí eso es inverosímil”, reaccionó Lugo.
El alegado proyecto propuesto, que dista mucho de ser verdaderamente “turístico”, consta de 352 unidades de vivienda, 40 locales comerciales, 42 residencias, 880 habitaciones de hotel, un área comercial de 4,097 metros cuadrados y 1,394 espacios de estacionamiento. Al permitir su construcción se abre la puerta para otros cinco proyectos propuestos en el sector. El resultado sería que Piñones se convertiría en una zona similar a Isla Verde, aunque mucho más larga. “Puerto Rico está en una situación donde se lucha por los últimos espacios abiertos para los seres humanos”, sentenció Lugo.
entrada de LaMasaSJ @ 7:05 p. m.
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