Comunidades en desventaja ante desarrollos
Grave impacto a los recursos naturales
Sara M. Justicia Doll
Falta agua potable. Las carreteras se inundan en pocos minutos. El calor es más intenso. Los tapones aumentan, e incrementan los portones y controles de acceso. Casi no quedan playas libres de intentos de privatización. Se quiere construir donde la erosión, en pocos años, desaparecerá los terrenos.
Los intereses privados y el Gobierno parecen anteponerse a lo que por derecho es público. La Isla carece de un plan de uso de terrenos. El momento de salvar lo que queda de nuestros recursos naturales y que por patrimonio les corresponde a todos los puertorriqueños, es ahora. Ésta es la misión del sector ambientalista del país que para el 2007 enfrenta múltiples retos.
La directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, la abogada ambientalista Jessica Rodríguez, compara la magnitud de los desafíos que enfrenta el ambientalismo en Puerto Rico a los que encara el Gobierno y la sociedad con el problema de salud mental.
"El reto es el mismo que se enfrenta con la criminalidad, con los problemas de conductas antisociales. Son manifestaciones de un mismo problema social, la falta de respeto al derecho de los demás y la confianza de los poderosos en que el sistema de justicia no funciona en relación a ellos de la misma manera que en contra de la gente pobre", asegura.
Rodríguez establece que una persona de escasos recursos que viola la ley será procesada criminalmente, difícilmente tendrá una buena representación legal porque no tiene los recursos para costearla y consecuentemente terminará pagando multas o cárcel.
"En el caso de los desarrolladores que violan la ley, que no es distinto a un alto funcionario del Gobierno... o un delincuente de cuello blanco, ya es una realidad corroborada por la historia que la impunidad está prácticamente garantizada", dijo Rodríguez.
La carencia de representación legal adecuada es una de las situaciones que enfrentan las comunidades desventajadas decididas a presentar un pleito legal de naturaleza ambiental.
La veterana abogada ambientalista expone que los desarrolladores parten de la premisa, y se aprovechan, del desconocimiento de las comunidades sobre los procedimientos legales; hacen todo "a la trágala" y cuando la comunidad se da cuenta muchas veces ya es demasiado tarde. Si la comunidad ha sido proactiva y vence en los tribunales, desafortunadamente pasa un tiempo, el desarrollador cambia el nombre del proyecto y el ciclo vuelve a comenzar.
"Y para empeorar la situación las agencias de gobierno que existen o deberían existir en beneficio de la comunidad, en lugar de cumplir con su función de defender el interés público se convierte en corredor y en protector de los intereses particulares del desarrollista. Con estas actuaciones arremete contra la comunidad y la empobrece", planteó Rodríguez, quien representa a la comunidad de Piñones en el controvertible caso contra el proyecto Costa Serena de Joel Katz.
Actualmente la comunidad opositora al proyecto está en espera de que el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre un recurso de revisión que se solicitó para que se evaluase la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Junta de Calidad Ambiental.
Ante este escenario, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo sugirió que la mejor arma que puede asumir el país en contra de "la fuerza avasalladora y organizada"- compuesta por los contratistas, desarrollistas y agencias gubernamentales- , debe ser la unificación de los sectores que luchan pequeñas batallas de forma independiente.
"Puerto Rico parece un campo de batalla, lleno de destrucción, desparramamiento urbano, tapones, infraestructura que no se mantiene y eso es producto de este ejército ante el cual los ciudadanos reaccionan individualmente y no presentan un frente común. El reto del movimiento ambiental es evitar su fragmentación, de grupo o persona, eliminar la fragmentación del movimiento ambiental y optar por la unificación", señaló.
Más complicaciones
La deferencia a las decisiones administrativas de agencias como las juntas de Planificación y de Calidad Ambiental y la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe), por parte de los tribunales, es uno de los principales escollos que encaran los abogados ambientalistas una vez radican pleitos en representación de comunidades amenazadas por desarrollos, que no sólo son excluidas de lo que por derecho les corresponde, sino que, en muchos otros casos, son segregadas socialmente.
El director de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el abogado Pedro Saadé Lloréns, explicó que al día de hoy la relación entre los tribunales y las agencias está mediatizada por la doctrina de deferencia, que establece en esencia que a menos de que una decisión de la dependencia no sea ilegal o irrazonable deberá ser respetada.
"Existe una presunción de que el proceso administrativo funciona adecuadamente y con suficientes recursos y por eso los tribunales no quieren cuestionar las decisiones, aun cuando se sabe que las agencias, sobre todo aquellas que lidian con lo ambiental, sufren de escasez de recursos y trabajan influenciadas por los grandes intereses económicos y políticos", dice.
Esta deferencia es uno de los argumentos presentados en el recurso de impugnación a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la JCA al proyecto Dos Mares, que Saadé presentó en el Tribunal Supremo.
De otra parte, la "reingeniería en el proceso de otorgar permisos" y el planteamiento gubernamental de la necesidad de reducir los procedimientos burocráticos, porque éstos son la causa del estancamiento económico del país, son otro asunto de preocupación para el sector ambientalista. A esto se suma la ausencia del Plan de Uso de Terrenos (PUT).
"Se está observando un interés en dilatar aún más el PUT, cuya importancia es vital ya que se planificará el uso de los terrenos en vez de dejarlos al azar de decisiones individuales y múltiples excepciones, variaciones y violaciones, abiertas a los reglamentos que las propias Junta de Planficación y Arpe", señala.
Para el 2007 también se vislumbran múltiples manifestaciones en contra de los cierres de calles conducentes a la playa.
La Coalición Playa Para Todos, por ejemplo, ya ha denunciado públicamente el cierre de calles como Atlantic Place, Carrión Court, Almendro, Bucaré, Laurel e Inga, entre otras, del sector Punta Las Marías e Isla Verde, lo que según su portavoz Nelson Pérez violenta el reglamento 17 de Zona Costanera y de Acceso a las Playas y Costas de la JP. Casos similares se observan en la playa Flamenco, en Culebra, y en playas viequenses. La Coalición no descarta llegar a los tribunales.
Los intereses privados y el Gobierno parecen anteponerse a lo que por derecho es público. La Isla carece de un plan de uso de terrenos. El momento de salvar lo que queda de nuestros recursos naturales y que por patrimonio les corresponde a todos los puertorriqueños, es ahora. Ésta es la misión del sector ambientalista del país que para el 2007 enfrenta múltiples retos.
La directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, la abogada ambientalista Jessica Rodríguez, compara la magnitud de los desafíos que enfrenta el ambientalismo en Puerto Rico a los que encara el Gobierno y la sociedad con el problema de salud mental.
"El reto es el mismo que se enfrenta con la criminalidad, con los problemas de conductas antisociales. Son manifestaciones de un mismo problema social, la falta de respeto al derecho de los demás y la confianza de los poderosos en que el sistema de justicia no funciona en relación a ellos de la misma manera que en contra de la gente pobre", asegura.
Rodríguez establece que una persona de escasos recursos que viola la ley será procesada criminalmente, difícilmente tendrá una buena representación legal porque no tiene los recursos para costearla y consecuentemente terminará pagando multas o cárcel.
"En el caso de los desarrolladores que violan la ley, que no es distinto a un alto funcionario del Gobierno... o un delincuente de cuello blanco, ya es una realidad corroborada por la historia que la impunidad está prácticamente garantizada", dijo Rodríguez.
La carencia de representación legal adecuada es una de las situaciones que enfrentan las comunidades desventajadas decididas a presentar un pleito legal de naturaleza ambiental.
La veterana abogada ambientalista expone que los desarrolladores parten de la premisa, y se aprovechan, del desconocimiento de las comunidades sobre los procedimientos legales; hacen todo "a la trágala" y cuando la comunidad se da cuenta muchas veces ya es demasiado tarde. Si la comunidad ha sido proactiva y vence en los tribunales, desafortunadamente pasa un tiempo, el desarrollador cambia el nombre del proyecto y el ciclo vuelve a comenzar.
"Y para empeorar la situación las agencias de gobierno que existen o deberían existir en beneficio de la comunidad, en lugar de cumplir con su función de defender el interés público se convierte en corredor y en protector de los intereses particulares del desarrollista. Con estas actuaciones arremete contra la comunidad y la empobrece", planteó Rodríguez, quien representa a la comunidad de Piñones en el controvertible caso contra el proyecto Costa Serena de Joel Katz.
Actualmente la comunidad opositora al proyecto está en espera de que el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre un recurso de revisión que se solicitó para que se evaluase la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Junta de Calidad Ambiental.
Ante este escenario, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo sugirió que la mejor arma que puede asumir el país en contra de "la fuerza avasalladora y organizada"- compuesta por los contratistas, desarrollistas y agencias gubernamentales- , debe ser la unificación de los sectores que luchan pequeñas batallas de forma independiente.
"Puerto Rico parece un campo de batalla, lleno de destrucción, desparramamiento urbano, tapones, infraestructura que no se mantiene y eso es producto de este ejército ante el cual los ciudadanos reaccionan individualmente y no presentan un frente común. El reto del movimiento ambiental es evitar su fragmentación, de grupo o persona, eliminar la fragmentación del movimiento ambiental y optar por la unificación", señaló.
Más complicaciones
La deferencia a las decisiones administrativas de agencias como las juntas de Planificación y de Calidad Ambiental y la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe), por parte de los tribunales, es uno de los principales escollos que encaran los abogados ambientalistas una vez radican pleitos en representación de comunidades amenazadas por desarrollos, que no sólo son excluidas de lo que por derecho les corresponde, sino que, en muchos otros casos, son segregadas socialmente.
El director de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el abogado Pedro Saadé Lloréns, explicó que al día de hoy la relación entre los tribunales y las agencias está mediatizada por la doctrina de deferencia, que establece en esencia que a menos de que una decisión de la dependencia no sea ilegal o irrazonable deberá ser respetada.
"Existe una presunción de que el proceso administrativo funciona adecuadamente y con suficientes recursos y por eso los tribunales no quieren cuestionar las decisiones, aun cuando se sabe que las agencias, sobre todo aquellas que lidian con lo ambiental, sufren de escasez de recursos y trabajan influenciadas por los grandes intereses económicos y políticos", dice.
Esta deferencia es uno de los argumentos presentados en el recurso de impugnación a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la JCA al proyecto Dos Mares, que Saadé presentó en el Tribunal Supremo.
De otra parte, la "reingeniería en el proceso de otorgar permisos" y el planteamiento gubernamental de la necesidad de reducir los procedimientos burocráticos, porque éstos son la causa del estancamiento económico del país, son otro asunto de preocupación para el sector ambientalista. A esto se suma la ausencia del Plan de Uso de Terrenos (PUT).
"Se está observando un interés en dilatar aún más el PUT, cuya importancia es vital ya que se planificará el uso de los terrenos en vez de dejarlos al azar de decisiones individuales y múltiples excepciones, variaciones y violaciones, abiertas a los reglamentos que las propias Junta de Planficación y Arpe", señala.
Para el 2007 también se vislumbran múltiples manifestaciones en contra de los cierres de calles conducentes a la playa.
La Coalición Playa Para Todos, por ejemplo, ya ha denunciado públicamente el cierre de calles como Atlantic Place, Carrión Court, Almendro, Bucaré, Laurel e Inga, entre otras, del sector Punta Las Marías e Isla Verde, lo que según su portavoz Nelson Pérez violenta el reglamento 17 de Zona Costanera y de Acceso a las Playas y Costas de la JP. Casos similares se observan en la playa Flamenco, en Culebra, y en playas viequenses. La Coalición no descarta llegar a los tribunales.
entrada de LaMasaSJ @ 6:54 a. m.
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