Opositores de Costa Serena urgen se celebren vistas públicas

Proyecto Costa Serena. (Archivo)
Sara M. Justicia Doll PRIMERA HORA
Los grupos que se oponen al proyecto Costa Serena, propuesto para el sector Monte Grande, en Loíza, presentaron una moción ante la Junta de Planificación (JP) para que celebren vistas públicas antes de aprobar la consulta de ubicación.
El documento, presentado por la Asociación de Residentes de Piñones; el Frente de Loiceños Unidos; el Centro de Acción Ambiental; Misión Industrial e Iniciativa Para Un Desarrollo Sustentable, entre otros grupos, plantea diferentes fundamentos por los cuales la JP debe abstenerse de aprobar la consulta de ubicación.
En primer lugar citan a expertos en riesgos costeros cuando éstos establecen que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) subestima el nivel de inundación de la marejada ciclónica y su efecto combinado con una inundación del río Grande de Loíza. Por lo tanto, sugieren que se analice y se incorporen los nuevos mapas de inundación que están a punto de ser presentados por la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
También urgen que se haga un deslinde de la zona marítimoterrestre, tal como lo requiere el Plan de Usos de Terrenos de Piñones y el Reglamento de Zonificación de la JP.
En comentarios hechos por el director del Negociado de Servicios Especializados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), José Luis Chabert, para junio de 2006 éste indicó que "el proponente (PFZ) se niega a presentar un deslinde de la zona marítimo terrestre. Aduce a ello que en el año 1994 se llevó a cabo un deslinde. Debemos enfatizar, no sólo que el deslinde está obsoleto...".
En entrevista con este diario la asesora ambiental de la comunidad, Carmen Guerrero, expresó que "la JP tiene que reconocer que ésta es un área de planificación especial que cuenta con un plan de uso de terreno y actualmente el proyecto Costa Serena y la JP no cumplen con este plan que es de su conocimiento".
También, en su recurso, los opositores a Costa Serena plantean que el proponente del proyecto presenta mapas incorrectos que fallan en cuanto a la extensión de los humedales en el área de construcción y exigen que se determine si se requiere una rezonificación del predio. Además, plantean que no se debe aprobar la consulta de ubicación hasta tanto el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre un recurso de revisión sobre la resolución de la JCA cuando aprobó la DIA.

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Larga Historia de PFZ en Piñones

Cándida Cotto CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com
El empeño de la empresa desarrolladora PFZ Properties por apoderarse de todo el sector de Piñones conocido como Monte Grande, en su etapa más reciente data de hace 15 años. En su afán por lucrarse del patrimonio nacional que representa Piñones, la familia de Joel Katz, intentó desalojar a los legítimos dueños del sector, las familias Escalera Osorio, Pizarro Quiñones, Quiñones Escalera, la sucesión de Acosta Pizarro, Pizarro Fuentes y Pizarro Acosta, todos descendientes de los pobladores originales del sector.
En abril de 1990, la entonces juez Carmen Rita Vélez Borras, del Tribunal Superior, Sala de Carolina, declaró sin lugar una petición de la PFZ para que desalojaran a las mencionadas familias de sus terrenos en Monte Grande. Este era el tercer intento de desalojo por parte de la PFZ, ya que en julio y septiembre de 1988, el Tribunal había emitido dos resoluciones denegando una petición similar.
La sentencia de la juez Vélez Borras hace todo un relato desde el tiempo de la colonización española sobre cómo los ascendientes de las familias mencionadas se constituyeron en los legítimos dueños de los terrenos. Se desprende también de la sentencia la manera dudosa en que la familia de Luis Puro, abuelo de Joel Katz advino a ser dueña de parte de los terrenos del sector Monte Grande, que hace al menos 20 años intentan desarrollar.
En su demanda de 1990 la PFZ alegó que “adquirió por compra, en 1960, una finca de aproximadamente 1,268 cuerdas localizada en el barrio Torrecillas del Municipio de Loíza”.
La relación de hechos que estableció el Tribunal comienza por el origen de la tenencia de la tierra desde el siglo XVI. En ese periodo un funcionario del gobierno español de apellido Troche, nieto de Juan Ponce de León, le concedió unos terrenos a la orden religiosa los Dominicos. La concesión; “consistió de aproximadamente 10,000 cuerdas de terreno, incluyendo manglares, colindantes con el Océano Atlántico y localizada al norte del Río Grande de Loíza. Esta posesión se convirtió en la propiedad de bienes eclesiásticos más extensa en todo Puerto Rico”.
Para el año 1820 –según el relato de la sentencia- Tomás Pizarro un Regidor del Cabildo de San Juan, recibió una concesión de los Dominicos de una porción de la finca. En el 1838 la Corona Española confiscó los terrenos de la orden religiosa y un grupo de vecinos del sector, alrededor de 60 personas; “se trasladaron y tomaron posesión de los terrenos ubicados en el área de Monte Grande, que precisamente, es el que-en su evolución y desarrollo natural- vino a convertirse en los terrenos en disputa en el presente litigio”.
Señala la sentencia del tribunal que “la finca original de los frailes Dominicos comprendía todo el espacio, incluyendo la playa y los manglares del sector conocido hoy como Piñones, desde el Puente de Boca de Cangrejos hasta la colindancia con el Río Grande de Loíza. Lo que pasó fue que la concesión hecha a Tomás Pizarro tuvo el efecto de separar el predio que se le concedió del grueso de la finca principal. El predio de Pizarro quedó precisamente al oeste del área específica de la finca en la cual los frailes habían realizado sus operaciones económicas principales. Dicho predio, denominado Monte Grande, colinda por el norte con el Océano Atlántico. La finca cuya titularidad adquirió por compra la demandante (PFZ) ubica al sur de la actual Carretera 187. Su colindancia norte, en ocasiones, es dicha carretera y, en otras, la zona marítima del Océano Atlántico”.
No es hasta el 1960 que la PFZ adquiere titularidad sobre las 1,268 cuerdas de terreno, mediante la agrupación de 12 fincas adquiridas originalmente por las familias Biascoechea y Maldonado. Las fincas habían sido segregadas de manera ilegal, por la primera de esas familias a espaldas de ocupantes legítimos, según se desprende del relato del Tribunal. La compra de las fincas se hizo a través de las corporaciones P.R.L. Estates, Inc., Puerto Rico Properties, Inc. y PFZ, todas ellas presididas por Luis Puro, quien entonces fungía como dueño del Hotel San Juan de Isla Verde. En noviembre de 1970 las corporaciones se “fusionaron” y continuaron operaciones con el nombre PFZ Properties. En diciembre del mismo año, mediante la escritura número 97 ante el notario José Calderón, se hace la agrupación de las fincas, que quedó integrada por 1,268 cuerdas.
La juez Vélez Borras apunta en su sentencia que durante el juicio se demostró que la corporación PFZ, sus funcionarios y empleados, durante el otorgamiento de las distintas escrituras de compraventa, tenían conocimiento de la posesión que en concepto de dueños ejercían las familias descendientes de los Pizarro y las otras antes mencionadas. El propio vice presidente de la empresa, Jack Katz, lo admitió en la silla de los testigos.
En conclusión, la Juez reconoció el título de dominio sobre los terrenos de las familias y rechazó la petición de la PFZ de desalojarlas. Por el transcurso del tiempo y dada la posesión en concepto de dueño, las familias que se pretendía desalojar adquirieron derechos propietarios sobre las tierras.
Gracias a la sentencia de la juez Vélez Borrás las familias no pudieron ser desalojadas de los pequeños predios que poseen, pero PFZ siguió considerándose dueño del resto de los terrenos sobre los cuales pretende efectuar el proyecto llamado Costa Serena. Durante todos los años trascurridos la PFZ no ha cesado de presionar y de hacer gestiones para impulsar su proyecto. Hasta ahora ninguno de los gobiernos le dio paso a su pedido hasta la actual administración de Aníbal Acevedo Vilá. Durante la pasada administración de Sila Calderón, el actual presidente de PFZ, Joel Katz, se acercó a los círculos de poder del Partido Popular y ese acercamiento parece que por fin le ha rendido frutos