NIEGAN ACCESO A DOCUMENTO DE LA JCA

La Asppro exige ver documento de Costa Serena

Emplazada Calidad Ambiental
PRIMERA HORA > PANORAMA
miércoles, 24 de enero de 2007
Prensa Asociada
Periodistas puertorriqueños emplazaron ayer a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a que haga público un documento técnico relacionado con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto hotelero Costa Serena, en el barrio Piñones de Loíza.
La JCA ha negado a periodistas de tres medios de comunicación ver el documento, que es parte del expediente público de la evaluación del proyecto Costa Serena en ese organismo.
"La Junta de Directores de la Asppro entiende que el documento de la Oficina de Asesoramiento Científico de la JCA forma parte integral del expediente sobre la DIA de Costa Serena, por lo que es público y tanto la prensa como la ciudadanía tienen derecho a conocerlo y examinarlo", señaló la Junta de Directores de la Asppro en un comunicado.
La organización periodística advirtió que si la JCA insiste en negar el acceso a los documentos solicitados, podría entablar una demanda judicial para que se liberen.
El 31 de octubre de 2006, la JCA anunció la aprobación de la DIA del polémico proyecto sin revelar los comentarios del equipo técnico que evaluó la misma y que debe constar en el expediente público.
El 9 de noviembre, la periodista Maricelis Rivera Santos, del diario El Vocero, solicitó acceso al legajo de la Oficina de Asesoramiento Científico sobre Costa Serena en la JCA, pero no se le proveyó acceso.
El miércoles pasado se le dio acceso al expediente del caso, pero la carpeta no contenía los comentarios técnicos que justificarían la decisión de la Junta y que habían sido solicitados.
El presidente de la JCA, Carlos López Freytes, también le negó el informe a la reportera Sara Justicia, de PRIMERA HORA, con el argumento de que existe un caso en los tribunales sobre el asunto, por lo cual "esos documentos no podrían ser mostrados".
La misma excusa se utilizó para impedir que la periodista Cándida Cotto, del semanario Claridad, pudiera ver los comentarios técnicos.
"La Asppro exhorta al presidente de la JCA a que recapacite y permita que las decisiones de ese organismo sean públicas y transparentes evitando un precedente de censura de documentos sensibles y vitales en ése y, posiblemente, otros organismos gubernamentales", agrega el comunicado de la Asppro.
El caso de la aprobación de la DIA de Costa Serena está ante el Tribunal de Apelaciones porque la comunidad de Piñones objetó el otorgamiento de ese importante paso de permisología, que es previo a que se otorgue el permiso para construir la hospedería.
Asesores ambientales y defensores legales de la comunidad solicitaron ver esos comentarios, pero se les negó.
Si se edifica, Costa Serena sería el hotel más grande de Puerto Rico, superando la capacidad de El Conquistador en Fajardo.

SILENCIO EN LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

DESALOJOS Y CORRUPCIÓN

Por Papo Coss (Sociedad Civil en Marcha)
“Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar” - José Martí
Las expropiaciones y desalojos de las comunidades pobres es un problema de graves consecuencias sociales, que refleja la insensibilidad del Gobierno y de un pequeño grupo de empresarios, que sólo piensan en sus jugosas ganancias.
Con la excusa del desarrollo económico, algunos de estos individuos, disfrazan su verdadero objetivo, que es construir lujosas viviendas, para maximizar sus ingresos, en terrenos de comunidades pobres.
El Gobierno, Alcaldes y Legisladores, se han aliado abiertamente a estos intereses, expropiando y desalojando sin piedad, sobretodo en la última década.
Se sabe que estos “inversionistas” aportan mucho dinero en efectivo, para las campañas de ambos partidos principales. De esa forma, logran un trato especial de los gobernantes.
Hace poco estos empresarios forzaron las renuncias del Encargado del Plan de Uso de Terrenos y del Director de Planificación de Turismo, por sus posturas a favor de las comunidades y los recursos naturales.

Una situación escandalosa, sobretodo luego de la tragedia humana de New Orleans, es la amenaza de construir un complejo hotelero en la zona inundable de la Barrera Costanera de Piñones.

En este caso, ya el Alcalde de Loíza se entregó a los intereses de un influyente empresario y otros altos funcionarios doblan rodillas ante el poder económico.

A la comunidad de Piñones hay que apoyarla, promoviendo el turismo ecológico y la autogestión, en armonía con su medioambiente, que es el pulmón del área metropolitana.

Será la unidad en la acción, como reflejó recientemente El Foro Social de Arroyo, con la participación de decenas de líderes comunitarios, lo que detendrá las expropiaciones y los desalojos.

Si esa alianza comunitaria se consolida y amplía, el pueblo unido vencerá el afán de lucro y la corrupción.

Conmemorando al Reverendo King

Comunidades en desventaja ante desarrollos

Grave impacto a los recursos naturales

Sara M. Justicia Doll

PRIMERA HORA > PANORAMA
lunes, 8 de enero de 2007

Falta agua potable. Las carreteras se inundan en pocos minutos. El calor es más intenso. Los tapones aumentan, e incrementan los portones y controles de acceso. Casi no quedan playas libres de intentos de privatización. Se quiere construir donde la erosión, en pocos años, desaparecerá los terrenos.
Los intereses privados y el Gobierno parecen anteponerse a lo que por derecho es público. La Isla carece de un plan de uso de terrenos. El momento de salvar lo que queda de nuestros recursos naturales y que por patrimonio les corresponde a todos los puertorriqueños, es ahora. Ésta es la misión del sector ambientalista del país que para el 2007 enfrenta múltiples retos.
La directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, la abogada ambientalista Jessica Rodríguez, compara la magnitud de los desafíos que enfrenta el ambientalismo en Puerto Rico a los que encara el Gobierno y la sociedad con el problema de salud mental.
"El reto es el mismo que se enfrenta con la criminalidad, con los problemas de conductas antisociales. Son manifestaciones de un mismo problema social, la falta de respeto al derecho de los demás y la confianza de los poderosos en que el sistema de justicia no funciona en relación a ellos de la misma manera que en contra de la gente pobre", asegura.
Rodríguez establece que una persona de escasos recursos que viola la ley será procesada criminalmente, difícilmente tendrá una buena representación legal porque no tiene los recursos para costearla y consecuentemente terminará pagando multas o cárcel.
"En el caso de los desarrolladores que violan la ley, que no es distinto a un alto funcionario del Gobierno... o un delincuente de cuello blanco, ya es una realidad corroborada por la historia que la impunidad está prácticamente garantizada", dijo Rodríguez.
La carencia de representación legal adecuada es una de las situaciones que enfrentan las comunidades desventajadas decididas a presentar un pleito legal de naturaleza ambiental.
La veterana abogada ambientalista expone que los desarrolladores parten de la premisa, y se aprovechan, del desconocimiento de las comunidades sobre los procedimientos legales; hacen todo "a la trágala" y cuando la comunidad se da cuenta muchas veces ya es demasiado tarde. Si la comunidad ha sido proactiva y vence en los tribunales, desafortunadamente pasa un tiempo, el desarrollador cambia el nombre del proyecto y el ciclo vuelve a comenzar.
"Y para empeorar la situación las agencias de gobierno que existen o deberían existir en beneficio de la comunidad, en lugar de cumplir con su función de defender el interés público se convierte en corredor y en protector de los intereses particulares del desarrollista. Con estas actuaciones arremete contra la comunidad y la empobrece", planteó Rodríguez, quien representa a la comunidad de Piñones en el controvertible caso contra el proyecto Costa Serena de Joel Katz.
Actualmente la comunidad opositora al proyecto está en espera de que el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre un recurso de revisión que se solicitó para que se evaluase la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Junta de Calidad Ambiental.
Ante este escenario, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo sugirió que la mejor arma que puede asumir el país en contra de "la fuerza avasalladora y organizada"- compuesta por los contratistas, desarrollistas y agencias gubernamentales- , debe ser la unificación de los sectores que luchan pequeñas batallas de forma independiente.
"Puerto Rico parece un campo de batalla, lleno de destrucción, desparramamiento urbano, tapones, infraestructura que no se mantiene y eso es producto de este ejército ante el cual los ciudadanos reaccionan individualmente y no presentan un frente común. El reto del movimiento ambiental es evitar su fragmentación, de grupo o persona, eliminar la fragmentación del movimiento ambiental y optar por la unificación", señaló.
Más complicaciones
La deferencia a las decisiones administrativas de agencias como las juntas de Planificación y de Calidad Ambiental y la Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe), por parte de los tribunales, es uno de los principales escollos que encaran los abogados ambientalistas una vez radican pleitos en representación de comunidades amenazadas por desarrollos, que no sólo son excluidas de lo que por derecho les corresponde, sino que, en muchos otros casos, son segregadas socialmente.
El director de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el abogado Pedro Saadé Lloréns, explicó que al día de hoy la relación entre los tribunales y las agencias está mediatizada por la doctrina de deferencia, que establece en esencia que a menos de que una decisión de la dependencia no sea ilegal o irrazonable deberá ser respetada.
"Existe una presunción de que el proceso administrativo funciona adecuadamente y con suficientes recursos y por eso los tribunales no quieren cuestionar las decisiones, aun cuando se sabe que las agencias, sobre todo aquellas que lidian con lo ambiental, sufren de escasez de recursos y trabajan influenciadas por los grandes intereses económicos y políticos", dice.
Esta deferencia es uno de los argumentos presentados en el recurso de impugnación a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la JCA al proyecto Dos Mares, que Saadé presentó en el Tribunal Supremo.
De otra parte, la "reingeniería en el proceso de otorgar permisos" y el planteamiento gubernamental de la necesidad de reducir los procedimientos burocráticos, porque éstos son la causa del estancamiento económico del país, son otro asunto de preocupación para el sector ambientalista. A esto se suma la ausencia del Plan de Uso de Terrenos (PUT).
"Se está observando un interés en dilatar aún más el PUT, cuya importancia es vital ya que se planificará el uso de los terrenos en vez de dejarlos al azar de decisiones individuales y múltiples excepciones, variaciones y violaciones, abiertas a los reglamentos que las propias Junta de Planficación y Arpe", señala.
Para el 2007 también se vislumbran múltiples manifestaciones en contra de los cierres de calles conducentes a la playa.
La Coalición Playa Para Todos, por ejemplo, ya ha denunciado públicamente el cierre de calles como Atlantic Place, Carrión Court, Almendro, Bucaré, Laurel e Inga, entre otras, del sector Punta Las Marías e Isla Verde, lo que según su portavoz Nelson Pérez violenta el reglamento 17 de Zona Costanera y de Acceso a las Playas y Costas de la JP. Casos similares se observan en la playa Flamenco, en Culebra, y en playas viequenses. La Coalición no descarta llegar a los tribunales.

YO TENGO UN SUEÑO PIÑONES

Conmemoración del Natalicio del Rev. Martin Luther King
Lunes, 15 de enero de 2007 11:00 AM
Finca de la Familia Quiñones-Escalera
Carr. #187, Km. 12Monte Grande, Piñones
Obra de teatro de Resistencia y Lucha por la Juventud Loiceña
Cantan Dulce 'e Coco, Abrante y La Sista
Para más información:
portodaslasrazones@yahoo.com (787) 253-9707